Miércoles 08 de marzo del 2023

Ilustración: Sebastián Damen

La provincia patagónica tiene lo necesario para producir alimentos en cantidad y calidad: agua, tierras y productores con la experiencia y el deseo de sembrar y críar animales, pero los gobiernos apuestan todo a la explotación petrolera, la megaminería y el monocultivo forestal. La agroecología y el comercio justo muestran que es posible otro modelo.

Chubut es la tercera provincia en extensión de la Argentina con 22.468.600 de hectáreas (ha), donde viven 509.108 personas. Con 2,3 habitantes por kilómetro cuadrado es una de las provincias con menor densidad demográfica del país —el 90 por ciento de la población se concentra en cinco ciudades: Rawson, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel—. En ese vasto territorio, 16.977.583 ha están destinadas a la producción agropecuaria, pero solo el 0,25 (40.083 hectáreas) están destinadas a cultivos, lo que marca la tradición ganadera de la provincia: Chubut cuenta con el 28 por ciento del stock ovino nacional y es la principal exportadora de lana del país.

Esa tradición ganadera y las condiciones excepcionales de los valles y las áreas irrigadas de las zonas de cordillera para producir alimentos se ven amenazadas por las políticas extractivas: megaminería, urbanización para el turismo, política forestal y las novedosas políticas corporativas de energía eólica. Un nombre surge como reflejo de una provincia que aún no genera políticas para sus pequeños productores: Benetton, el mayor propietario de tierras del país.

Chubut se caracteriza por su tradición ovina —acompañada por el crecimiento del ganado bovino—, lo que permite realizar una primera foto de la situación provincial. A pesar de su baja densidad poblacional, según el INTA, la provincia no se autoabastece de carne. A este dato podría sumarse que el déficit persiste a pesar de que la provincia proveé el 21 por ciento de las capturas de pesca a nivel nacional. Y, a pesar de la amplitud territorial para desarrollar la actividad, según el Censo Nacional Agropecuario 2018, las explotaciones agropecuarias (EAPs) son 3146, una caída en comparación con los censos anteriores (3730 en 2002 y 4241 chacras en 1988).

El análisis comparativo a partir de los datos del CNA —publicados en el capítulo “Cambios en la producción agropecuaria de Chubut en el periodo 2002-2018” en el libro La Argentina agropecuaria vista desde las provincias de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti— se precisa aún más el retroceso de la principal actividad agropecuaria provincial: la superficie en producción se redujo, entre 2002 y 2018, en 2.150.307 hectáreas, un once por ciento. Esa merma “se podría explicar en un 99 por ciento por la disminución en el número de EAPs dedicadas a la actividad ganadera”, sostienen los autores.

La actividad ganadera ocurre principalmente a lo ancho de “la Meseta”, campos de estepa con zonas de depresiones o valles que generan los mallines (humedales) que permiten la actividad de pastoreo. “La Meseta” se ubica en el centro de la geografía provincial, entre los valles irrigados de la Cordillera de Los Andes en el extremo oeste y el Valle Inferior del Río Chubut (Virch) en el extremo este provincial.

Esa geografía desafiante para la vida campesina atraviesa múltiples dificultades: desertificación y eventos climáticos extremos, ausencia del Estado para llevar servicios y caminos a la población rural, falta de políticas públicas productivas, abandono de campos de grandes terratenientes y un incesante discurso que busca convertir a esa zona productiva en un “desierto” para instalar proyectos de megaminería, como quedó expuesto en el Chubutazo de 2021 cuando se resistió la Ley de Zonificación Minera.

“Si el Estado estuviera presente en la Meseta habría más oportunidades. La política es que se vacíe. Dicen que no hay fuentes de trabajo, pero podría haber producción de alimentos para abastecer a la provincia”, asegura Gabriela Cual, integrante de la comunidad Mapuche-Tehuelche Mallín de los Cual, productores ovinos en la localidad de Gan Gan, donde la multinacional Pan American Silver busca activar su proyecto Navidad para la extracción de plata.

Esa mirada extractiva invisibiliza la producción local y las ventajas de los agroecosistemas de la Meseta como el acuífero Sacanana, a pocos kilómetros de Gan Gan; o los valles que rodean el río Telsen. “En la Meseta existe una riqueza y una heterogeneidad de dinámicas productivas locales, existe un conocimiento arraigado y vinculado a este manejo de los bienes comunes construido sobre redes comunitarias que sostienen una productividad diversa: horticultura, fruticultura, apicultura, granjas. Son estrategias que están invisibilizadas y desacreditadas en tanto no corresponden con el criterio del sistema de mercado, de exportación de commodities o la mirada hegemónica de ‘desarrollo’”, sostiene Lucía Castillo, investigadora del Conicet-Cenpat.

Otro proyecto extractivo que pone en tensión el uso de las tierras de la Meseta es el energético, en particular de la energía eólica, de la mano del proyecto de hidrógeno verde de la australiana Fortescue. En la actualidad, según información oficial, Chubut cuenta con el 63 por ciento de la capacidad eólica instalada del país –incluyendo instalaciones como las de la metalúrgica Aluar que es para autoabastecimiento–. A menos de un año del anuncio del proyecto de Fortescue, la empresa australiana compró, al menos, 140 mil hectáreas de campo para generar la energía que abastezca a su planta de producción de hidrógeno verde.

El paisaje de estepa es el amalgama de las dos regiones con mayores recursos de la provincia para el cultivo: la precordillera y cordillera —con sus ríos de deshielo y paisajes de pequeñas parcelas de producción— y en el otro extremo las 20.000 hectáreas del Virch, irrigadas por el río Chubut que llega desde las montañas. Sarmiento, departamento ubicado al sur de la provincia, es otro de los valles fértiles de producción.

A pesar del potencial para la producción de alimentos en esos valles, según el análisis del CNA 2018, el cultivo de forrajes anuales y perennes —destinados al ganado ovino y bovino— domina el 24,3 por ciento de la actividad de las EAPs, mientras que solo el 6,1 por ciento se dedica a la producción de hortalizas, 3,9 a frutales y 1,6 por ciento a bosques y montes implantados (industria forestal). Mientras que otras categorías —cereales para granos, viveros, flores de corte, legumbres, cultivos industriales, aromáticas, medicinales y condimentos— se realizan en el uno por ciento de las EAPs.

Según el Censo Agropecuarios de 2018, la producción de pasturas y alimentos frescos representa solo el 0,25 por ciento de la superficie destinada a la producción; el resto es destinada a la ganadería. Esto ocurre a pesar del abastecimiento insuficiente en materia de alimentos, de que la provincia cuenta (según el CNA) con 17.807 hectáreas de superficie apta no cultivada —representa el 44,4 por ciento de las 40,083 hectáreas de cultivos en producción—.

En el capítulo sobre Chubut de La Argentina agropecuaria vista desde las provincias —Hugo Bottaro, Mercedes Ejarque, Marcelo Pérez Centeno y Graciela Preda— se indica el lugar del sector en el perfil económico de Chubut: “Las actividades agropecuarias aportan el 3,7 por ciento del Producto Bruto Geográfico (estimado en pesos constantes para 2018) y generan exportaciones por casi 210 millones de dólares (6,6 por ciento del total). Los principales rubros son la lana (sucia y tops de lana peinada) y las frutas de carozo –cerezas-”.

¿En qué se concentra el modelo productivo provincial? Según se presenta en la página oficial del Gobierno, la provincia produce el 13 por ciento del petróleo del país y casi el dos por ciento del gas, en una de las cuencas petrolíferas más importantes de Sudamérica, ubicada en el Golfo de San Jorge, y aporta el 21 por ciento de la producción pesquera nacional. La tercera pata se apoya a la industria siderúrgica: la producción de aluminio monopolizado, a nivel nacional, por la empresa Aluar, que abastece el total del mercado local y exporta el 60 por ciento de su producción desde Puerto Madryn.

Según el Indec, en materia de exportaciones Chubut se ubicaba en el cuarto lugar a nivel nacional con cinco por ciento del total en el primer semestre de 2022, detrás de las provincias de la poderosa región pampeana: Buenos Aires (37,8 por ciento), Santa Fe (22,7) y Córdoba (14, 3 por ciento). En ese período, el petróleo crudo y el aluminio representaron el 84,9 por ciento de las exportaciones provinciales —67 por ciento y 17,9 por ciento respectivamente—. Muy lejos quedaron los pescados y mariscos sin elaborar con el 11,1 por ciento del total, las lanas con el 2,1 por ciento de las exportaciones y las frutas finas aún por debajo.

“En Chubut el periodo libre de heladas es de 170 días, lo que hace que la producción se concentre en primavera-verano, aunque, lentamente, se está comenzando a producir bajo cubierta principalmente hortalizas de hoja. La provincia no está en condiciones de producir el 100 por ciento de los alimentos que consume, sobre todo porque hay mucha fruta que no se da, pero sí hay un potencial para producir muchos más alimentos frescos y carne de manera agroecológica”, sostiene Lucas Díaz, investigador del Centro Experimental Chubut- INTA e integrante del Almacén Patagónico, nodo de distribución de alimentos agroecológicos en Puerto Madryn.

Según datos de la provincia de Chubut, el total de hectáreas bajo riego es de 120.000 hectáreas, unas 45.000 hectáreas en el Virch, seguidas por otras repartidas entre Valle Colonia Sarmiento, Valle 16 de Octubre, Valle de El Maitén, Comarca Andina, Valle de Telsen y Comodoro Rivadavia. Esas cifras contrastan con las 40.083 hectáreas en producción agrícola registrada en el CNA 2018.

Del análisis realizada en La Argentina agropecuaria vista desde las provincias surge un dato alentador respecto del incremento de la producción en pequeñas parcelas: respecto al CNA 2002, en las áreas bajo riego, se han incrementado las EAPs en los rangos de menos de cinco hectáreas en un 85 por ciento; entre 5,1 y 10 hectáreas en un 33 por ciento y entre 10,1 y 25 hectáreas en un nueve por ciento. Esto no modifica el nivel de concentración de tierras que se registra a nivel provincial. Las unidades inferiores a 1000 hectáreas de superficie, de actividades ganaderas de secano y agrícolas en valles irrigados, representan el 49 por ciento de las EAPs y ocupan el 1,6 por ciento de la superficie agropecuaria.

Díaz sostiene que en el Virch son 20.000 las hectáreas en producción. De ellas, el 90 por ciento dedicadas a la producción de pasturas y alfalfa para la ganadería. En el Virch la horticultura ocupa 1100 hectáreas de una producción diversificada en pequeñas parcelas, en las que los productores no superan las 20 hectáreas. El cultivo más extensivo es la papa, que ocupa unas 500 hectáreas.

En el modelo potenciado por las políticas públicas, la estrella de los cultivos es la cereza, a pesar de que en los últimos tiempos también comenzó a impulsarse la vitivinicultura y la producción de olivos, con una mirada siempre exportadora. La producción de cereza se destina mayormente al mercado exterior y ocupa alrededor de 400 hectáreas en toda la provincia, representando el 17 por ciento de la superficie destinada al cultivo a nivel nacional (solo superada por Mendoza).

“Chubut y la Patagonia tienen el problema de que no se autoabastece de alimentos. O sea, tienen el desafío de generar políticas de producción para abastecer de alimentos a su población. El desafío es hermoso, pero si no hay financiamiento ni política pública para los pequeños productores, el sector no se desarrolla y las tierras se utilizan para un perfil más turístico que productivo”, afirma Juan Pablo Acosta, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de Chubut-Línea Sur.

Acosta habla desde El Hoyo, localidad conocida como “la capital de la fruta fina”, ubicada en la zona cordillerana denominada La Comarca, donde se estiman unas 30.000 hectáreas en producción. A diferencia del Virch –donde se concentra el 57 por ciento de la producción de cerezas– en la comarca se registran un centenar de hectáreas más diversificadas: frambuesas y cerezas, moras, sauco, frutillas. Siempre en pequeñas parcelas también se registran productores hortícolas, avícolas y apícolas.

“La Comarca es un lugar atípico en la geografía provincial, donde tenés mucha agua y buenas condiciones, pero solo podés pensar en parcelas chicas y en un periodo muy corto de producción. En el caso de las frutas finas, pensar en una hectárea lleva mucha inversión”, grafica el integrante de la UTT y se concentra en la producción para el mercado local: “Los pequeños productores de La Comarca tienen una producción diversificada, huerta de verduras, fruta fina, gallinas, huevos, chanchos para encurtidos. El tipo de economía tan frágil hace que tengas varias producciones para poder llegar a fin de mes”.

La UTT nuclea en la zona cordillerana a tres colectivos: el grupo de Familias de Productores y Elaboradores de La Comarca, el grupo Apícola y el Grupo de Mujeres Rubus, que elaboran dulces con las frutas locales. Se trata de productores de las localidades de Epuyén, Maitén, Lago Puelo y El Hoyo, y con los que abastecen el Almacén agroecológico de El Hoyo, el galpón de acopio en El Bolsón (Río Negro) y una cámara de frío en Lago Puelo.

En esa muestra de la capacidad productiva local, Acosta apunta dos problemáticas. La primera el perfil turístico de los municipios locales: “La competencia con el turismo es constante. No hay tierra para alquilar, tampoco hay casas para alquilar”. Y, por otro lado, “la discusión sobre abastecimiento que está concentrado por los grandes comercializadores con La Anónima como símbolo. Una cadena concentrada que pone el precio en góndola y en territorio”. Como respuesta, la organización puso en marcha el Corredor Patagónico Soberano, un recorrido con camión propio que lleva lo producido a otros puntos del país y abastece de insumos a los productores locales.

De vuelta en el valle inferior, Díaz también señala la problemática del ordenamiento territorial como un eje para la expansión de la producción de alimentos. En este caso, la competencia no es con el turismo sino con la expansión de la mancha urbana. En cuanto a los cultivos, la competencia es con la rentabilidad de la producción de alfalfa y pasturas para la demanda creciente de la producción bovina en feedlots, pero el investigador de INTA señala que “hay mucha superficie en el valle que produce muy por debajo de su potencial, muchas pasturas abandonadas o degradadas, que no tienen un manejo y solo se las usa para aguantar a los animales en períodos de poco forraje”.

“Estamos en un valle con mucha biodiversidad, con parches de vegetación natural, con chacras chicas que no superan las 20 hectáreas, donde hay baja incidencia de plagas y corredores biológicos, mientras que la sociedad tiene mayor conciencia de lo nocivo que son los agroquímicos y reclama alimentos sanos”, concluye Díaz sobre el potencial para la producción de alimentos sanos.

La agroecología tiene otro punto a favor en Chubut. Se trata de la única provincia que cuenta con una ley que prohíbe el uso de glifosato, que entró en vigencia en enero de 2020. A pesar de eso, el investigador del INTA reconoce que aún se utiliza el herbicida para el mantenimiento de los canales de riego y la producción hortícola es intensiva en el uso del paquete químico. La producción de cereza para la exportación también utiliza insecticidas químicos, aunque bajo el control de las normas de «Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)» con certificación extranjera. Hasta el momento, según el CNA 2018, en Chubut se registran 49 explotaciones orgánicas, 16 biodinámicas y 36 agroecológicas.

El Maitén es una localidad simbólica en el modelo agropecuario de Chubut. Está ubicada en el límite entre La Comarca Andina y la Meseta, allí donde se produce un cambio abrupto del agroecosistema: de las pequeñas parcelas irrigadas de la cordillera se pasa a los vastos territorios esteparios con precipitaciones de 100 a 400 milímetros anuales. Allí inicia la frontera de la tradicional producción ovina de Chubut hasta llegar al valle inferior, 700 kilómetros al este, donde los sistemas de riego vuelven a reverdecer las áreas de cultivo.

La provincia se conformó en 1957 (hasta entonces era “territorio nacional”). Las denominadas “Campañas del Desierto” lideradas por Julio Argentina Roca iniciaron el reparto de esas tierras patagónicas desde 1861, décadas en las que se creó la Compañía Tierras del Sud Argentino. La firma de capitales ingleses supo controlar el territorio provincial desde la cordillera hasta el mar. En la década de 1980 grandes extensiones de ese territorio no cambiaron de nombre pero sí de dueño: el Grupo Benetton compró gran parte de sus dominios e instaló su cabecera en El Maitén.

Desde la localidad cordillerana del noroeste de Chubut hasta Santa Cruz, el Grupo Benetton controla cerca de 900 mil hectáreas —incluye una porción de tierras menor en la localidad de Balcarce, Buenos Aires—, 260 mil cabezas de ganado ovino —que producen 915 mil kilos anuales de lana— y 22 mil cabezas de ganado bovino, según datos ofrecidos por el CEO del grupo, Agustín Dranovsky.

El caso de Benetton es extraordinario —los chubutenses reconocen que la empresa autogobierna las localidades donde opera, en particular El Maitén— pero es un ejemplo de un modelo de concentración de tierras que persiste en la provincia: las EAPs superiores a las 10.000 hectáreas, según el CNA 2018, ocupan el 70 por ciento de la superficie agropecuaria y representan el 16 por ciento de establecimientos provinciales. El dominio territorial de la firma italiana también pone en tensión la Ley de Tierra Rurales, que limita a un 15 por ciento el dominio departamental de tierras rurales en manos extranjeras. En el departamento de Cushamen, donde está El Maitén, el 23 por ciento están en manos extranjeras, según los registros oficiales de extranjerización. En Chubut, hay un total de 862.309 hectáreas en manos de personas o firmas de otros países, lo que representa un 3,88 por ciento de la superficie provincial.

La compra de tierras otorgadas a la inglesa Compañía Tierras del Sud Argentino en medio de un proceso de genocidio de pueblos orginarios continúa generando reclamos de las comunidades mapuches por el reconocimiento de sus tierras ancestrales. Dentro del territorio del Grupo Benetton, la recuperación del Lof Santa Rosa Leleque, en 2007, es un símbolo de la reivindicación territorial del Pueblo Mapuche.

Por otro lado, en 2017, la muerte de Santiago Maldonado durante la represión de Gendarmería al lof en Resistencia de Cushamen involucra directamente al Grupo Benetton. A cinco años, una testigo de identidad reservada declaró ante la Fiscalía que escuchó a personal de Gendarmería decir: “’Detuvimos a un hippie, lo llevamos al puesto de Gendarmería en Benetton y ahí le estaban sacando información’”.

A pocos kilómetros de El Maitén, en dirección a la Ruta 40, se encuentra la zona conocida como Cuesta del Ternero. Allí, en noviembre de 2021, la Lof Quemquemtrew inició otro proceso de recuperación de tierras. La comunidad sufrió un ataque armado que terminó con la vida del comunero Elías Garay Cañicol.

¿Qué negocio se interponía al reclamo de tierras? Una concesión fiscal de 2500 hectáreas por parte del Estado de Río Negro al empresario Rolando Rocco. El Poder Judicial condenó a los autores materiales del crimen, empleados del empresario, pero no avanzó en la investigación sobre Rocco.

Consultado por la relación entre los reclamos territoriales del Pueblo Mapuche y los negocios agropecuarios, el CEO del Grupo Benetton explicó, en una entrevista InfoCampo, que ellos trabajan con funcionarios nacionales, provincial o municipales “para ver cómo generar el ambiente para que las inversiones se concreten”.

Según el Censo Agorpecuario de 2018, si se analiza la cantidad de explotaciones agropecuarios de Chubut en función de su extensión, el mayor número de establecimientos se encuentra concentrado en las categorías más grandes (de más de 1000 hectáreas) que corresponden a establecimientos destinados a la producción ganadera extensiva y forestal.

En sus estancias El Maitén y Leleque el Grupo Benetton desarrolla su segundo modelo extensivo: el forestal. La otra gran firma de este modelo es la estancia Tecka –perteneciente a la familia Ochoa-Paz y surgida también tras la venta de tierras por parte de la Tierras del Sud de capitales ingleses–. Según el CNA, solo 55 explotaciones agropecuarias se dedicaban a la actividad forestal (1,6 por ciento del total de fincas provinciales), pero ocupaban 14.985 hectáreas, o sea el 37 por ciento de las hectáreas cultivadas en Chubut.

“Entre Benetton y Tecka reúnen entre 8000 y 10.000 hectáreas forestadas. Sin contar a estas grandes estancias, unos 200 productores se dedican o se dedicaron a la actividad forestal y, entre ellos, el 15 por ciento tenía el 85 por ciento de las tierras”, resume Ana Valtriani, ingeniera agrónoma e investigadora del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (Ciepaf).

Valtriani, que realizó su tesis doctoral analizando el modelo de desarrollo forestal en Chubut, explica que la provincia atravesó tres etapas de forestación. La primera entre 1950 y 1970 —a cargo de la Dirección Nacional de Bosques y el Instituto Forestal Nacional (Ifona)—, otra entre 1970 y 1990 a cargo de los municipios y una última a partir de la década del ‘90 con la aprobación de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados.

Las dos primeras etapas introdujeron el pino —las especias ponderosa y oregón— para reemplazar al bosque nativo, de lento crecimiento, por esta especie foránea con la promesa de ser un modelo de desarrollo. Sin embargo, esas forestaciones quedaron abandonadas y solo el municipio de Esquel continúa realizando las tareas de poda y raleo necesario para el control del bosque implantado, que en ese caso es de unas 1600 hectáreas.

La Ley 25.080 instaló otro modelo de negocio con subsidios estatales para emprendimientos forestales. “Benetton comenzó desde 1992 a tener un crecimiento exponencial de la curva de forestación. Hoy es uno de los pocos que soporta el proceso de gestión, los planes de manejo. Tiene ingenieros y su propia brigada de incendios”, explica la investigadora del Ciepaf.

Valtriani explica que se trató de un error pensar en un modelo exitoso mirando a Misiones —donde la tasa de crecimiento es más rápida y los restos de las tareas de poda y raleo se destinan al mercado de las papeleras— en un contexto patagónico de crecimiento lento. “En un principio se hablaba de 25 años para que la forestación ingrese en etapa de aprovechamiento, ahora se habla de 40 años para tener un rodal de madera limpia”, señala la investigadora y agrega que no está claro aún el futuro aprovechamiento comercial: que puede ir desde un polo maderero para proveer chips de “bíonergía”, de ingresar en el mercado de bonos de carbono o hasta utilizar la forestación para emprendimientos inmobiliarios.

“La discusión es cómo se incluye a la agricultura familiar, si se piensa en forestaciones vinculadas a un desarrollo rural territorial con enfoque socioterritorial o solo en algo netamente de tecnologicista, productivista, extractivista. En la actualidad, el Estado —la Secretaría de Bosques junto al INTA— no está en condiciones de promover la producción, no ha formado ni financiado equipos para asistirlos y cumple un rol fiscalista. Hubo algunas experiencias aisladas, pero los costos son elevados y los prestadores de servicio forestal están abocados a los grandes productores”, grafica la investigadora.

En esa política errática que deja la capacidad de recibir los subsidios estatales por forestación solo a las grandes empresas, el pino —en su mayoría la especie ponderosa— le ganó al bosque nativo y se transformó en un problema: el de los incendios forestales.

“Cuando los bosques implantados quedan abandonados, los incendios complican la situación como ocurrió recientemente en Lago Puelo y Puerto Patriada. Cuando se quema, la piña vuela y resiembra. Crecen pinos como escarbadientes y es muy difícil recuperar esas tierras”, señala Valtriani.

Además, los pinos aportan dos características que hacen elevar los riesgos de incendio: la resina que producen es muy inflamable, mientras que su extensión como monocultivo se transforma en una bomba de consumo de agua que agrava las condiciones de sequía extrayendo agua de napas, vertientes y cursos de agua cercanos.

Si se comparan las cifras de «bosques» implantados del Censo 2002 con el realizado en 2018, la reducción es de 5404 hectáreas, una bajada del 26 por ciento. El inventario de plantaciones forestales realizado por el Ministerio de Agroindustria y el Centro de Investigación y el Ciefap, en 2016, había arrojado un total de 33.022 hectáreas implantadas, por lo que la diferencia sería aún mayor. Además del errado modelo productivo los incendios parecen ser el motivo.

Desde el 2003 al 2016 los incendios forestales suman 87.000 hectáreas, que representan el 9,6 por ciento de los bosques nativos de la provincia. En 2021, según el reporte del “Manejo de fuego” del Ministerio de Ambiente, en Chubut se perdieron 16.919 hectáreas de bosques en los incendios.

El cordón de la concentrada industria forestal es una de las fronteras donde inicia la Meseta, lugar emblemático de la producción ovina provincial y que refleja desde la producción en grandes y medianas estancias a la vida arraigada de campesinos y pueblos originarios. En la Patagonia se concentra el 70 por ciento de la producción lanera de la Argentina. Y Chubut lidera la actividad. Según cifras provinciales, cuenta con 4.639.561 de cabezas, que representan el 33 por ciento del total nacional, y una producción de 16.886 toneladas anuales. De esa producción, el 93 por ciento se orienta al mercado externo, y de lo que se elabora en el país, se elabora casi en su totalidad en el polo industrial lanero de Trelew.

De todas maneras, desde la década de 1970 se registra una disminución en las existencias de ovinos y una caída de la producción lanera. Según cifras del Ministerio de Agricultura, las exportaciones cayeron de 70.797 toneladas en la zafra 2002/2003 a 40.610 toneladas en 2016/2017. Los motivos son varios pero, entre ellos, se señala la caída de la demanda mundial –la lana ocupa el 1,2 por ciento en el conjunto de todas las fibras textiles usadas a nivel global– y pasó de ser un commoditie a un “especiality”, reducido a un mercado exclusivo de altos ingresos.

Otro de los motivos que se señalan en la caída de la producción es la desertificación. Según estudios del INTA, los suelos de la Meseta han perdido gran parte de su cobertura vegetal. Otro reciente estudio del INTA sobre el impacto de las sequías en la producción de pastizales indicó a la localidad chubutense de Río Mayo, en el sudoeste provincial, como el lugar más seco registrado en el país. En la extensa meseta lo que predominan son los campos de estepa, con precipitaciones de entre 100 a 400 milimetros anuales, donde los mallines (humedales) surgen como oasis.

En cifras del Censo 2018, la reducción de la superficie agropecuaria provincial respecto al CNA 2002 fue de 2.150.307 hectáreas y se explica en un 99 por ciento por la disminución en el número de explotaciones agropecuarias dedicadas a la actividad ganadera entre las 2500 y las 20.000 hectáreas.

Las que persisten son las estancias de más de 20.000 hectáreas que se redujeron mínimamente en cantidad, pero incrementaron en un dos por ciento la cantidad de hectáreas. La concentración, según datos de Senasa, también se evidencia en cantidad de animales por explotación agropecuaria: el 25 por ciento de los establecimientos tiene el 82,4 por ciento del stock ovino provincial.

El proceso descrito en las estadísticas, las comunidades campesinas y originarias de la Meseta lo llaman el “abandono de los campos”. “Los campos que están abandonados son de grandes propietarios, de estancieros, criollos. Tienen uno, dos o tres campos. Estamos hablando de personas con varias propiedades que podrían mantener su producción”, describe Gabriela Cual, habitante originaria en la localidad de Gan Gan, sin encontrar las razones del “por qué” ver campos abandonados, cuando las seis familias que integran sus comunidad cuenta con solo dos hectáreas para la producción.

Mallín de los Cual es una de las comunidades reconocidas junto a otras cercanas como Del Mallín, Los Pinos, Laguna Fría y Chacay, todas desoídas por el Estado en su reclamo territorial en el que fueron viendo históricamente cómo el alambrado avanzaba sobre las tierras comunales y la tradicional forma de pastoreo a campo abierto. “Para los pequeños y pequeñas productoras un ‘campo abandonado’ es un campo sin ellos adentro. La noción de interacción e integridad con esa naturaleza de la que se sienten parte y se vinculan de manera diversa”, analiza Lucía Castillo, investigadora del Conicet-Cenpat con un trabajo doctoral dedicado a la vida de los productores ganaderos de la Meseta.

“Es desoladora la situación en la que viven los pequeños productores y productoras de la Meseta”, sentencia Acosta de la UTT de Chubut y describe: “Hay falta de políticas públicas de conexión con caminos y servicios, y se viene de años muy duros de sequías o nevadas extremas en las que los rodeos ganaderos se achican y el Estado no está para ayudar a reponerlos. Los jóvenes se van y la población rural está muy envejecida”.

Esa población que resiste en el campo estepario ahora debe enfrentar un nuevo problema como consecuencia de los campos abandonados: el crecimiento de la población de pumas y zorros, predadores naturales de las majadas de ovejas y un incentivo menos a la hora de pensar en invertir y reponer el ganado. El gobierno provincial ensayó como política el pago de la piel del puma, pero eso implica enfrentarse al felino por un pago que, según indicaron los entrevistados, no alcanza para volver a comprar el ganado perdido.

“¿El campo abandonado para qué?”, agrega como pregunta la investigadora del Conicet-Cenpat y señala la lógica empresarial y de política pública provincial y nacional que esconde la idea de la Meseta como si fuera un desierto. “En el proyecto de Ley de Zonificación Minera se describía a esta zona como ‘estéril, atrasada, postergada’ y desde los lugares de poder se sostenía que se ‘debe pensar alternativas productivas para la Meseta’. Como si alguien tuviera que pensar por la Meseta, donde existe una riqueza y una heterogeneidad de dinámicas productivas locales que se basan en recursos ecosistémicos aptos y disponibles”, sentencia la investigadora.

La aparición del proyecto de hidrógeno verde de la australiana Fortescue agrega una capa de tensión al uso del suelo frente a los grandes propietarios que abandonaron sus campos. La propia Sociedad Rural del Valle de Chubut encendió la alerta por la compra de campos productivos con los que la empresa minera busca generar el corredor que abastezca de energía a la planta que proyecta en Sierra Grande (Río Negro). Una problemática que se señala es un decreto del gobierno de Mauricio Macri que impide la convivencia de la actividad ganadera con los molinos eólicos.

Una variante que el escritor español y editor de la revista Soberanía Alimentaria, Gustavo Duch, describió sobre lo ocurrido en Europa: “Con el boom de las energías renovables (…) quienes marcan el precio de la tierra, diez veces más cara que su valor agrario, son inversionistas que la adquieren para huertos solares o parques eólicos”.

Mientras los molinos eólicos avanzan, la población de Chubut logró frenar, hasta el momento, la avanzada de la minería con el Proyecto Navidad como emblema y con el litio como nueva amenaza. “Estamos muy convencidos de que la minería en la Meseta no es desarrollo. Si la minería es todo el progreso que venden, no debería haber pobreza en Catamarca. Donde hay minería, no vemos desarrollo y progreso si no que vemos contaminación”, sentencia Gabriela Cual, que vio divididas a las comunidades durante el debate y también sintió amenazada la producción de su comunidad por el proyecto que contemplaba obtener miles de litros de agua del acuífero Sacanana, que nutre los mallines locales.

Las comunidades originarias y campesinas resisten en sus modos de vida a pesar de las avanzadas extractivistas. La venta de lana de oveja y de pelo de chivo son las principales fuentes de ingresos y se enfrentan a las dificultades de la falta de caminos y servicios para la comercialización, lo que muchas veces los expone a “vender al mejor postor”, incluso a sostener un mecanismo centenario de cambiar materia prima por productos básicos o alimento balanceado para sostener los rodeos en el invierno.

“La comercialización del pelo y la lana es para la exportación, ya sea cruda o sucia. Hay dos caminos para las comunidades. Una es la de organizarse en cooperativas, trabajar asociativamente la esquila y la comercialización, lo que les permite licitar a las firmas exportadoras. La otra realidad, es las histórica, la del ‘marcachifle’ que viene con una camioneta de harina, yerba y aceite; y cambia el vellón de lana por mercadería”, describe el integrante de la UTT.

Gabriela Cual explica que existen iniciativas estatales como el Programa Mohair, pero señala la necesidad de construir desde la asociatividad, en el caso de su comunidad junto a la comunidad Laguna Fría, donde se reúne el pelo de la esquila de todas las comunidades, se clasifica y se vende en Cushamen.

En el caso de la UTT-Chubut-Línea Sur la respuesta fue la creación de la Cooperativa Piri-Mapuche, integrada por 120 familias socias, que producen en un radio de 150 kilómetros de un lado y del otro de la difusa frontera entre la estepa de Chubut y de Río Negro.

“Por medio de la cooperativa se trabaja una mini hilandería. Se le agrega valor en el lugar de producción obteniendo la lana hilada del pelo de chivo, guanaco u oveja. Esto genera respuestas, puestos de laburo y dinamiza y fortalece la economía regional”, valora Acosta.

La producción de la cooperativa Piri-Mapuche es de entre 30.000 a 40.000 kilos de lana. La mini hilandería solo permite procesar una pequeña porción, con la que logran salir de la venta del vellón de lana sucio y pueden entregar un producto con valor agregado, con el que comenzaron a abastecer al mercado local. Además, se construyó un circuito de abastecimiento de alimento balanceado producido por la propia organización en Buenos Aires y una compra colectiva de alimentos de productores agroecológicos de otros puntos del país.

“Necesitamos políticas públicas de arraigo rural, que permitan escalar la producción y mejorar el ingreso económico de las familias campesinas. Los dispositivos están, pero tiene que aparecer el Estado a poner los recursos para amplificarlo”, señala Acosta de la UTT.

Los pequeños productores de la Meseta no solo malvenden la lana sino también la carne. “Los frigoríficos llegan con los camiones y los llevan a precios bajos porque los productores no cuentan con los papeles para venderlos en regla o, simplemente, están solos sin nadie que los asista”, explica Acosta y agrega: “Los venden porque de otra manera mueren de hambre durante el invierno sin los recursos para suplementar con alimento balanceado y con la caída de las pasturas”. Ante este problema, la UTT comenzó a promover los “corderazos” a nivel local e incluso en Buenos Aires para llevar una mejora en los ingresos de las familias campesinas.

Castillo –que integra el área Agroecológica de Cultivo y Construcción Natural de la Universidad Nacional de la Patagonia y se encuentra desarrollando un mapeo agroecológico de la localidad de Telsen– amplía la mirada sobre la Meseta: “Quienes hoy resisten en el territorio están diversificando su productividad porque ya no tienen 500 o 800 ovejas en sus campos sino que les quedan 200 o 100. La miopía desde el Estado está en ver a la Meseta solo desde el punto de vista lanero. En la actualidad, en Telsen, hay vacas, chanchos, huevos, miel, nueces. Hay mucha producción de alimento local y no es valorado.”

A partir de su investigación de más de diez años en Telsen, Castillo explica que la palabra “agroecología” no está dicha por las familias campesinas locales, pero la desarrollan en la práctica, en los modelos de producción, en los circuitos de comercialización. “En Telsen, los pequeños productores venden primero para autoabastecer localmente y luego hacia afuera, pero también se encuentran con la falta de rutas adecuadas a tan solo 185 kilómetros de Puerto Madryn. Telsen podría ser un modelo de autoabastecimiento provincial, la ruta podría asegurar el abastecimiento de alimentos y ampliar alternativas como el turismo rural. La falta de cadenas de comercialización, entre otras, es una decisión política. La agroecología puede acompañar el crecimiento de las comunidades”.

* Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva

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